Fuente: FEPEX 7 Agosto 2023

Implicaciones de la propuesta de directiva sobre vigilancia de suelo

La propuesta de directiva sobre “vigilancia del suelo”, presentada por la Comisión en el mes de julio y que tiene como objetivo mejorar las condiciones del terreno en la UE, no impone ninguna obligación directa a los propietarios y gestores de la tierra, incluidos los agricultores y ganaderos, según la Comisión Europea. Serán los Estados miembros los que han de definir las medidas de gestión sostenible y de regeneración del suelo.

Según las notas informativas y fichas explicativas publicadas por la Comisión Europea y consultadas por FEPEX, la propuesta de directiva indica determinados principios que han de ser respetados por cada Estado miembro a la hora de definir las medidas que van a adoptar para mejorar la calidad del suelo, sin determinar prácticas de gestión específicas que deban ser aplicadas o prohibidas. Éstas deberán ser adaptadas a nivel nacional por cada Estado miembro, teniendo en consideración las condiciones específicas locales, climatológicas y socioeconómicas, así como los usos de la tierra y tipos de suelo, y también los conocimientos existentes sobre las mejores soluciones para su territorio y sus habitantes.

La propuesta incluye además la obligación de establecer esas medidas en sinergia con los planes, programas y objetivos existentes, necesarios en virtud de otra legislación de la UE. Por lo tanto, los Estados miembros podrán optar por incluir las prácticas seleccionadas dentro de los mecanismos de apoyo nacionales y europeos, como las medidas voluntarias de la política agrícola común. Los agricultores y ganaderos podrán decidir si participan o no en dichos programas de apoyo.

La propuesta legislativa tiene como objetivo final lograr unos suelos de la UE sanos de aquí a 2050, en consonancia con la ambición de una contaminación cero de la UE, ya que entre el 60 y el 70 % de los suelos se encuentran actualmente en mal estado, según la CE.

Tras su presentación por parte de la Comisión Europea, el día 5 de julio, la propuesta de directiva será debatida ahora por el Parlamento Europeo y el Consejo, siguiendo el procedimiento legislativo ordinario, por tanto, tendrá una tramitación larga.