Fuente:
FEPEX
21 Octubre 2025
FEPEX lamenta la falta de unanimidad en el rechazo del Congreso al Acuerdo UE–Marruecos que incluye cultivos del Sáhara Occidental
FEPEX comparte el rechazo en el Congreso de los Diputados a la modificación del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos para incluir los cultivos procedentes del Sáhara Occidental con trato arancelario preferente, pero lamenta la falta de unanimidad entre todos los partidos políticos en una medida que apoya la protección del campo español frente a graves perjuicios.
La iniciativa, aprobada el jueves, pide al Gobierno oponerse a la modificación del Acuerdo de Asociación entre la UE y Marruecos por incluir en él los cultivos procedentes del Sahara Occidental, con trato arancelario preferente. Ha sido impulsada por el grupo parlamentario Vox, y respaldada por el Partido Popular (PP), Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Sumar, pero se enfrentó a la oposición de PSOE, ERC, PNV, Bildu, Junts, Podemos, Coalición Canaria y BNG, lo que ha generado pesadumbre y cuestionamientos en el sector.
FEPEX considera que el Acuerdo propuesto por la Comisión Europea supone un grave daño al sector productor español y no cumple los requisitos de la sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de octubre de 2024, que anuló el Acuerdo de 2019 y que prevé que para ser valido el pueblo saharaui debe ser el único beneficiario del mismo. Por el contrario, FEPEX considera que las preferencias arancelarias previstas en el Acuerdo beneficiarán a los grandes grupos productores marroquíes establecidos en el Sahara Occidental, que compiten directamente con los productores españoles en los mercados comunitarios, habiendo desplazado a España como primer proveedor de tomate.
Según fuentes bien informadas está previsto que en un futuro inmediato la superficie de invernaderos prevista en la zona pase de las 1.200 actuales a 5.000 hectáreas, con unas inversiones que, según prevé el Acuerdo, serán financiadas con ayuda comunitaria.
Por ello, FEPEX pide que, aunque la aplicación de este Acuerdo ya sea provisional desde el 3 de octubre, el Parlamento Europeo rechace su aprobación y defienda los intereses de un sector que produce de manera responsable y sostenible y cuya competitividad depende en gran medida del apoyo de las instituciones para fijar unas reglas justas e iguales para todos.