Aprobada la ampliación del contrato por circunstancias de producción para atender situaciones ocasionales en el sector agroalimentario, incluida en la Ley de desperdicio alimentario

El contrato por circunstancias de la producción para atender situaciones ocasionales, previsibles y que tengan una duración reducida, negociado y diseñado en su momento en la Mesa de Diálogo Social para ofrecer una cobertura, entre otras, a situaciones derivadas de las campañas agrarias de corta duración, estaba creando mucha confusión y estaba teniendo diferentes interpretaciones por la inspección de trabajo, provocando un proceso de judicialización en las relaciones laborales del sector agrario, especialmente en algunas comunidades autónomas.

El pasado mes de diciembre se remitió a la Comisión de Agricultura del Senado el Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario aprobado por el Congreso de los Diputados, que en su Disposición final undécima incluía una enmienda del Grupo Popular con una modificación del Estatuto de los Trabajadores relativa a que las empresas podrán formalizar contratos por circunstancias de la producción para atender situaciones ocasionales, previsibles y que tengan una duración reducida y delimitada en los términos previstos en este párrafo, incluidas las campañas agrícolas.

En la sesión del Congreso de ayer se aprobó, esta enmienda que modifica el estatuto de los Trabajadores, incluyendo las campañas agrícolas, y permitiendo ampliar esta modalidad de contrato hasta 120 días exclusivamente para el sector agroalimentario, y que había sido una petición reiterada por parte de FEPEX a los grupos políticos.

Para FEPEX el año 2025 va a ser un año complejo en el ámbito de la política sociolaboral, en el que tanto la nueva subida del SMI, como los cambios normativos previstos en los acuerdos de Gobierno afectarán de forma importante a la actividad del sector productor y exportador de frutas y hortalizas y de flores y plantas vivas. Entre estos cambios normativos previstos figura, la modificación de la ley del estatuto de los trabajadores, la subida del coste del despido vinculándolo a la causalidad y la carta social europea y la revisión del marco normativo de la prevención de riesgos laborales y de salud en el trabajo, medidas que no contemplan adecuadamente la realidad del sector agrícola y está provocando un crecimiento acelerado de costes.